Bosnia y Herzegovina: cómo reducir la fragmentación económica y aumentar la inversión
Bosnia y Herzegovina enfrenta una doble dificultad: una estructura político-administrativa fragmentada que multiplica normas y trámites, y niveles de inversión extranjera directa y empleo productivo por debajo de su potencial. Abordar ambas dimensiones requiere una combinación de reformas institucionales, incentivos económicos, mejoras regulatorias y proyectos concretos que generen confianza para inversionistas domésticos y extranjeros.
Diagnóstico breve y datos relevantes
La organización del país en dos entidades (Federación de Bosnia y Herzegovina y República Srpska) más el Distrito de Brčko, y la subdivisión en cantones dentro de la Federación, provoca duplicidad de competencias en impuestos, permisos y empresas públicas. Consecuencias observadas:
- Costes administrativos elevados: la proliferación de trámites, permisos y supervisiones alarga los plazos y encarece la puesta en marcha de negocios.
- Inseguridad jurídica: la disparidad en las normativas y la debilidad del poder judicial merman la salvaguarda de los contratos y la materialización de los capitales invertidos.
- Bajos flujos de inversión: tanto la financiación empresarial como la inversión extranjera directa se sitúan por debajo del promedio registrado en los Balcanes occidentales.
- Desempleo estructural: los índices de desocupación general y juvenil superan la media europea, propiciando además la fuga de talento hacia el extranjero.
Según estimaciones internacionales hasta 2023, el PIB nominal del país se situaba en el entorno de veinte mil millones de dólares y el desempleo rondaba cifras elevadas en comparación con vecinos; la recuperación económica después de la pandemia fue modesta y la atracción de capital todavía limitada. Estos valores exigen acciones precisas y medibles.
Objetivos estratégicos
- Crear un mercado interno efectivo que reduzca barreras entre entidades.
- Mejorar la gobernanza y la aplicación de la ley para aumentar la seguridad jurídica.
- Aumentar la inversión pública y privada en infraestructura y transición energética.
- Fortalecer el sector privado local y las exportaciones mediante apoyo a pymes y clústeres productivos.
Reformas institucionales prioritarias
- Armonización fiscal y de comercio: acordar un marco común para el impuesto al valor agregado, aranceles y exenciones, con mecanismos de compensación entre entidades para evitar pérdidas fiscales locales.
- Un espacio económico único: establecimiento de un reglamento de libre circulación de bienes y servicios entre entidades, eliminando controles administrativos innecesarios y creando reconocimiento mutuo de certificaciones y permisos.
- Ventanillas únicas digitales: implantar un sistema estatal de ventanilla única electrónica para registro de empresas, licencias y permisos ambientales y de construcción, con plazos máximos obligatorios.
- Entidad coordinadora para inversión: crear una agencia de promoción de inversiones a nivel del Estado que coordine con agencias regionales, presente proyectos «shovel-ready» y gestione incentivos transparentes.
- Reforma del sistema judicial y anticorrupción: reforzar independencia judicial, tribunales comerciales especializados y unidades anticorrupción con capacidad investigadora y cooperación internacional.
Acciones en el ámbito económico y normativo
- Incentivos temporales y condicionados: ofrecer incentivos fiscales y asistencia a la inversión para proyectos que generen empleo certificado, transferencia tecnológica o inversión regional, con cláusulas de cumplimiento verificables.
- Simplificación de permisos y regulaciones laborales: reducir plazos para contratación y salida, modernizar inspecciones laborales y establecer programas de empleo temporal para jóvenes y repatriados.
- Política industrial orientada a clústeres: identificar sectores con ventaja comparativa —metalurgia, maquinaria ligera, agroindustria, TIC y turismo— y apoyar parques industriales y centros de formación vinculados a empresas.
- Fomento de asociaciones público-privadas (APP): marcos claros para concesiones en transporte, energía y gestión de residuos, con separación de roles, transparencia y evaluación social.
- Acceso a financiamiento: crear instrumentos de crédito concesional para pymes, facilitar garantías parciales y promover fondos de capital riesgo locales que atraigan coinversiones extranjeras.
Iniciativas de infraestructura y apuestas estratégicas
- Modernización de redes energéticas: destinar recursos a interconexiones, eficiencia y fuentes renovables para disminuir la dependencia de combustibles fósiles y captar proyectos verdes.
- Corredores logísticos: acondicionar vías terrestres y ferroviarias que enlacen los enclaves industriales con los puertos de la región, abaratando los gastos de exportación.
- Parques industriales “llave en mano”: impulsar áreas dotadas de servicios esenciales, autorizaciones adelantadas y soporte logístico con el fin de agilizar el asentamiento de compañías manufactureras.
- Proyecto piloto de digitalización municipal: diversos ayuntamientos aliados para brindar trámites electrónicos, catastros al día y licitaciones transparentes, evidenciando resultados replicables.
Tácticas humanas y de capital relacional
- Capacitación técnica y reciclaje profesional: iniciativas de formación en colaboración con el sector empresarial para satisfacer carencias específicas de personal experto.
- Convalidación de credenciales y desplazamiento laboral: convenios destinados a la homologación ágil de competencias a nivel nacional junto con incentivos para el retorno de talentos emigrados.
- Implicación cívica y rendición de cuentas: portales de información abierta acerca de licitaciones públicas, asignación de capital e indicadores financieros con el fin de consolidar la credibilidad colectiva.
Mecanismos de financiamiento y cooperación internacional
- Uso eficiente de fondos de preadhesión: canalizar recursos de la Unión Europea y bancos multilaterales hacia reformas institucionales y proyectos de infraestructura priorizados.
- Apoyo de organismos financieros: líneas de crédito y garantías del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, Banco Mundial y bancos regionales para mitigar riesgos iniciales.
- Movilización de la diáspora: vehículos financieros y bonos para inversión en vivienda, pymes y proyectos verdes, aprovechando remesas y capital humano.
Indicadores para medir progreso
- Elevación de la proporción IED/PIB junto con la cantidad de iniciativas greenfield autorizadas.
- Disminución de los plazos y gastos requeridos para constituir una sociedad y tramitar licencias de obra.
- Progreso en los índices de facilidad para los negocios y en las valoraciones sobre la corrupción.
- Generación neta de trabajo formal, con especial foco en la juventud, y expansión de las ventas al exterior por rama de actividad.
Peligros y estrategias de prevención
- Resistencia política: negociar reformas por etapas, enfocadas en beneficios tangibles para entes subnacionales y con compensaciones fiscales temporales.
- Captura por intereses: reforzar transparencia, evaluación independiente de proyectos y participación de la sociedad civil.
- Choques externos: diversificar socios comerciales y promover cadenas de valor regionales para reducir vulnerabilidad.
Las respuestas integradas, que abarcan desde la convergencia reglamentaria y el establecimiento de un mercado unificado hasta iniciativas tangibles de infraestructura y capacitación, tienen el potencial de convertir la división institucional en una ocasión propicia para modelar un esquema de captación de capitales mucho más eficaz y equitativo. El avance demanda metas definidas, indicadores comprobables y una dirección política dotada de la capacidad para compaginar las demandas locales con el respaldo técnico y económico global; únicamente de esta manera el país logrará potenciar su competitividad en el ámbito continental y brindar horizontes estables a las futuras generaciones.
