El proceso de selección para la renovación del Consejo de la Judicatura en Ecuador ha encendido nuevas alertas sobre la transparencia institucional. En el centro de la polémica se encuentra Mario Godoy, actual presidente del organismo judicial, quien busca su reelección para un nuevo período de seis años. La controversia se agudiza por la participación de Christian Troya, excolaborador de Godoy, como parte de la comisión técnica que evaluará a los aspirantes.
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) es la entidad encargada de supervisar y llevar adelante este proceso. Tras varios tropiezos legales e impugnaciones, el proceso fue reactivado con la inclusión de una nueva terna, en la cual figura Godoy como postulante. Esta postulación fue viabilizada luego de que la Corte Nacional de Justicia rechazara a uno de los candidatos propuestos por la Asamblea, lo que dejó abierta la puerta para que el actual titular del Consejo de la Judicatura intente permanecer en el cargo hasta 2031.
El foco de atención se ha centrado en Christian Troya, quien actualmente representa a una de las consejeras del CPCCS en la comisión encargada de revisar las carpetas de los postulantes. Troya trabajó bajo la dirección de Godoy en el Consejo de la Judicatura como subdirector de Comunicación, lo que establece una relación jerárquica previa entre ambos. En su rol dentro del comité técnico, Troya deberá revisar los méritos de los aspirantes y emitir criterios técnicos, entre ellos los que se refieren a la carpeta de su exjefe directo.
A pesar de la evidente relación profesional previa, desde el CPCCS se ha intentado restar importancia al posible conflicto de interés. Autoridades del organismo han argumentado que las designaciones de los miembros técnicos corresponden a cada consejería y que no hay violación directa de la normativa. No obstante, diversas voces desde la sociedad civil, así como algunos actores políticos, han exigido una revisión del caso para garantizar la imparcialidad y legitimidad del proceso.
El debate ético no se reduce solamente a la relación entre Troya y Godoy. En el trasfondo de esta postulación también se ha detectado un esquema de respaldo político que incluye al círculo cercano del exlíder del Consejo de Participación, Fausto Jarrín, así como a diversos asesores que podrían haber participado en la estructura presente del proceso. Se subraya que múltiples empleados vinculados a este grupo han sido ubicados de manera estratégica en instituciones importantes como el CPCCS, el mismo Consejo de la Judicatura y la Asamblea Nacional.
Organismos dedicados a la vigilancia de elecciones y justicia han expresado que, aun cuando las normas actuales no clasifican directamente este hecho como prohibido, hay principios como la transparencia, integridad y objetividad que deberían dominar. Para dichos organismos, la inclusión de Troya en el comité supone una transgresión al espíritu del concurso público, al menos desde el punto de vista de cómo lo percibe la ciudadanía.
El escenario plantea un riesgo mayor si se considera que el Consejo de la Judicatura es el órgano encargado de la administración de la justicia ordinaria en Ecuador. Cualquier irregularidad en su renovación comprometería la confianza en el sistema judicial y abriría la puerta a nuevas impugnaciones legales y cuestionamientos institucionales.
En este contexto, crecen las expectativas sobre si el CPCCS tomará decisiones para evitar que este proceso termine desacreditado. Mientras tanto, Godoy continúa en funciones y, al mismo tiempo, como candidato en evaluación, lo cual profundiza la preocupación sobre la independencia real del proceso.
La situación revela una deficiencia en los sistemas de prevención de conflictos de interés dentro de las entidades públicas del país, intensificando el escepticismo del público acerca de la renovación de funcionarios judiciales sin influencias políticas. Todo esto ocurre en un instante crucial para la estabilidad y legitimidad del sistema de justicia en Ecuador.
